Una alternativa interesante presentada por Jacobo Velasco, que explica como en Chile se ha podido encontrar un equilibrio entre mantener bajos costos de mano de obra, y dignidad y seguridad laboral. Todo a partir de políticas públicas.
El artículo original puede encontrarse en la revista Vistazo.
Una serie de tendencias y coyunturas han gatillado la discusión en el Ecuador de lo que debiera ser un marco de funcionamiento del mundo laboral tanto a nivel social como político. La experiencia muestra que cuando se mezclan crecimiento económico y diálogo social, el resultado es políticamente legítimo y garantiza un funcionamiento más estable en el tiempo. Ese es el caso de Chile. Ícono de la liberalización económica, desde el regreso a la democracia ha emprendido un proceso de reestructuración del mercado laboral. En los 90 hubo límites que el sector empresarial imposibilitó traspasar. La justificación era el crecimiento económico. Pero, a pesar de dos décadas de crecimiento a tasas anuales superiores al cinco por ciento, la percepción creciente era que dicho crecimiento no se traspasaba a las condiciones de vida de los trabajadores: el promedio de ingresos es más bajo que en países de similar ingreso per cápita; por ende, la desigualdad del ingreso entre los chilenos es una de las más altas en el continente más desigual del orbe; muchas de las pensiones que paga el sistema de jubilaciones son bajas, sobre todo entre las mujeres; a ello se suma un bajo nivel de sindicalización (algo relevante en el país con mayor empleo formal) y de negociación colectiva.
Esta realidad implicó reformas importantes, que se han intensificado en el gobierno de Michelle Bachelet: desde 2001 se implementó un sistema de seguro de desempleo con cobertura de ingresos de hasta 12 meses; hace tres años se emprendió una transformación de los juzgados laborales; en 2007 se aprobó la Ley de Subcontratación, que pone énfasis en los derechos garantizados a los trabajadores y la responsabilidad solidaria por parte de la empresa subcontratista; finalmente, Chile se ha comprometido a convertirse en el primer país sin trabajo infantil en América Latina para 2010. Pero los hitos más importantes tienen que ver con las reformas de pensiones y una transformación del mercado laboral prevista para este año. El aspecto más singular proviene de la gestación de estos cambios: Bachelet convocó a especialistas de todos los sectores, equilibradamente representados, a mesas consultivas para que discutan los pormenores de cada temática en un plazo determinado, luego del cual la Presidenta estructura el conjunto de propuestas en un proyecto de Ley. En el caso de las pensiones (2007-2008), este proceso significó instalar un pilar solidario, en el que el Estado garantiza una pensión mínima universal. Incorpora mecanismos para aumentar la competencia en la industria de las AFP para reducir los costos de administración e introduce bonos a la maternidad, así como una pensión a las amas de casa de los hogares más pobres.
La Comisión de Empleo y Equidad nació de una propuesta del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, sobre la necesidad de implementar un sueldo ético. Según el prelado, el alto porcentaje de trabajadores con bajos ingresos no podían admitirse en un país con un ingreso per cápita importante. Dejó planteada la necesidad de discutir no solo el resultado sino la estructura del mercado laboral. Si bien la Comisión de Empleo y Equidad terminó su propuesta, no existen acuerdos específicos en cuanto a otros mecanismos que pudieran significar mejoras de la escala salarial.
Empero, se prevén cambios en términos de asegurar derechos y coberturas de las condiciones laborales. Estas reformas no pudieran haberse abordado si la macroeconomía no hubiese estado ordenada. Como principal productor mundial de cobre Chile se ha beneficiado con el aumento del precio.
Ello le ha generado excedentes superiores a los 15 mil millones de dólares. Pero la combinación entre pocos cambios sustanciales en la calidad de vida de la masa de trabajadores y las altas expectativas frente a los ingresos públicos, posibilitó repensar las condiciones en el mercado laboral, por la vía de una arquitectura institucional técnicamente financiable. Los cambios necesarios y ordenados, poniendo énfasis en un sistema de derechos básicos garantizados por la sociedad y el Estado, que provienen de un diálogo social inclusivo, son el mejor ejemplo de un proceso de contrarreforma laboral que será sostenible en el tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario